In Re: Pedro Colón Ramírez Alvin F. Aguirre González Henry Román Pérez Roberto Roldán Burgos Luis E. Firpi Matos David v. Barbosa Alameda Milagros Sandoval Benítez

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 2005 TSPR 74 Pedro Colón Ramírez Alvin F. Aguirre González 163 DPR ____ Henry Román Pérez Roberto Roldán Burgos Luis E. Firpi Matos David V. Barbosa Alameda Milagros Sandoval Benítez

Número del Caso: TS-4497; TS-7601; TS-8121; TS-8206; TS-8981 TS-8943; TS-11226

Fecha: 18 de marzo de 2005 Colegio de Abogados:

Lcdo. José M. Montalvo Trías Director Ejecutivo

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del Lcdo. Pedro Colón Ramírez será efectiva el 28 de abril de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión del Lcdo. Alvin F. Aguirre González será efectiva el 2 de mayo de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión del Lcdo. Henry Román Pérez será efectiva el 3 de mayo de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión del Lcdo. Roberto Roldán Burgos será efectiva el 12 de mayo de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión del Lcdo. Luis E. Firpi Matos será efectiva el 26 de abril de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión del Lcdo. David v. Barbosa Alameda será efectiva el 18 mayo de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.) (La suspensión de la Lcda. Milagros Sandoval Benítez será efectiva el 4 de mayo de 2005 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.)

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Pedro Colón Ramírez TS-4497 Alvin F. Aguirre González TS-7601 Henry Román Pérez TS-8121 Roberto Roldán Burgos TS-8206 Luis E. Firpi Matos TS-8981 David V. Barbosa Alameda TS-8943 Milagros Sandoval Benítez TS-11226

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2005.

El 3 de agosto de 2004, el Director Ejecutivo del

Colegio de Abogados compareció ante nos solicitando

la suspensión al ejercicio de la abogacía de los

licenciados Pedro Colón Ramírez, Alvin F. Aguirre

González, Henry Román Pérez, Roberto Roldán Burgos,

Luis E. Firpi Matos, David V. Barbosa Alameda y

Milagros Sandoval Benítez, por no haber satisfecho el

pago de la cuota de colegiación.

En vista de ello, mediante Resolución del 13 de

octubre de 2004, le concedimos a los abogados

querellados un término de veinte (20) días para

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mostrar causa por la cual no debían ser suspendidos del ejercicio de la abogacía. En la resolución, se les apercibió que el incumplimiento con las órdenes de este Tribunal conllevaría la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía.

Transcurrido el término de veinte (20) días sin recibir la comparecencia de los abogados, se les concedió un término final de diez (10) días para cumplir con la Resolución señalada.

Dichas Resoluciones fueron notificadas por correo certificado a la dirección de récord de los abogados querellados y personalmente a través de la Oficina del Alguacil General. Algunas fueron devueltas debido a que los abogados habían cambiado de dirección y no notificaron el cambio a la Secretaría de este Tribunal.

Así las cosas, el término concedido expiró y los abogados no han comparecido ante el Tribunal, ni han satisfecho su deuda. En vista de lo anterior, procedemos a resolver este asunto sin ulterior trámite.

Las Resoluciones en los casos 4497, 7601, 8121, 8206, 8981, 8943 y 11226 se consolidan por versar sobre el mismo asunto.

II

El Artículo 9 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 L.P.R.A. sec. 780, establece la obligación de los miembros del Colegio de Abogados de satisfacer una cuota anual. Hemos resuelto, en reiteradas ocasiones, que el incumplimiento con

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dicha obligación demuestra una total indiferencia hacia las obligaciones mínimas de la abogacía y conlleva la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. In re: Ortiz Delgado, res. el 29 de mayo de 2003, 2003 TSPR 96; In re: Pérez Brasa, res. el 10 de diciembre de 2001, 2002 TSPR 46; In re: Alemañy Enriquez, res. el 5 de mayo de 2000, 2000 TSPR 117; In re: Quevedo Cordero, res. el 21 de enero de 1999, 99 TSPR 4; In re: Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Reyes Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995); Col. Abogados P.R. v. Pérez Padilla, 135 D.P.R. 94 (1994); In re: Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988); In re: Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987); Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); In re: Vega González, 116

D.P.R. 379, 381 (1985).

Asimismo, todo abogado tiene el deber y obligación de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Anteriormente hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re: Quintero Alfaro, res. el 9 de febrero de 2004, 2004 TSPR 20, In re: Osorio Díaz, ante; In re: González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re: Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re: Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re: Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

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Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R. 9, impone a todo abogado la obligación de notificar cualquier cambio de dirección, ya sea física o postal, a la Secretaria del Tribunal Supremo. Cuando un abogado incumple con su deber de mantener al día su dirección obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re: Santiago Rodríguez, res. el 20 de agosto de 2003, 2003 TSPR 137; In re: Sanabria Ortiz, res. el 13 de diciembre de 2001, 2002 TSPR 35; In re: Santiago Méndez, 141 D.P.R. 75 (1996). El incumplimiento con tal deber es suficiente para decretar la separación indefinida de la abogacía. In re: Serrallés III, supra; In re: Berríos Pagán, 126 D.P.R. 458 (1990).

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a los licenciados Colón Ramírez, Aguirre González, Román Pérez, Roldán Burgos, Firpi Matos, Barbosa Alameda y Sandoval Benítez.

Se les impone a los abogados querellados el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tienen la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta opinión Per Curiam y sentencia.

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Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y sello notarial de los licenciados Aguirre González, Roldán Burgos, Firpi Matos y Sandoval Benítez y entregar los mismos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Al Lcdo. Luis E. Firpi Matos se le incautará de su sello notarial.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Pedro Colón Ramírez TS-4497 Alvin F. Aguirre González TS-7601 Henry Román Pérez TS-8121 Roberto Roldán Burgos TS-8206 Luis E. Firpi Matos TS-8981 David V. Barbosa Alameda TS-8943 Milagros Sandoval Benítez TS-11226

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2005.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, se dicta sentencia decretando la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de los querellados de epígrafe. A los Lcdos. Alvin F. Aguirre González, Roberto Roldán Burgos y Milagros Sandoval Benítez, se les suspende, además, del ejercicio de la notaría.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y sello notarial de los Lcdos. Aguirre González, Roldán Burgos y Sandoval Benítez. Al Lcdo. Luis E. Firpi Matos se le incautará de su sello notarial.

Se les impone a los abogados querellados el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizado e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberán acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo