Cnsjo De Tit Condo First Federal Savings v. Morales Ramirez, Edgar Francisco

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL XI

CONSEJO DE TITULARES APELACIÓN, DEL CONDOMINIO FIRST acogido como FEDERAL SAVINGS Certiorari, Procedente del Recurrido Tribunal de Primera v. KLAN202301076 Instancia, Sala Superior de San EDGAR FRANCISCO Juan MORALES RAMÍREZ Caso Núm.: Peticionario SJ2023CV02677 (603)

Sobre: Cobro de Dinero-Ordinario

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

RESOLUCIÓN1

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

Comparece ante nos señor Edgar Francisco Morales Ramírez (“Sr. Morales Ramírez” o “Peticionario”) mediante escrito intitulado Apelación presentado el 30 de noviembre de 2023. Nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y enmendada el 10 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“foro primario” o “foro a quo”). Por virtud de la misma, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda de cobro de dinero instada por el Consejo de Titulares del Condominio First Federal Savings (“Consejo de Titulares” o “Recurrido”) y condenó al Peticionario y a Lion Crest

1 En vista de que en el presente recurso se recurre de la denegatoria de una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal conserve la designación alfanumérica (KLAN202301076). Véase IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).

Número Identificador SEN(RES)2024____________

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Investment, LLC. (“Lion Crest”) a sufragar la suma de $93,819.21 en concepto de cuotas de mantenimiento vencidas.

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari.

I.

La controversia ante nuestra consideración tiene su origen cuando el 24 de marzo de 2023 el Consejo de Titulares incoó una Demanda sobre cobro de dinero de las cuotas de mantenimiento de un apartamento comercial contra el Peticionario y Lion Crest.2 En síntesis, el Consejo de Titulares alegó que el 20 de noviembre de 2013, mediante Escritura de Permuta, Sr. Morales Ramírez advino como titular registral la oficina 619 del Condominio First Federal Savings. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2022, la aludida oficina fue adquirida por Lion Crest mediante Escritura de Dación en Pago. Señaló que, a la fecha de la radicación de la demanda, el Peticionario y el Lion Crest adeudaban la suma de $93,819.21, por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas y no pagadas, más intereses y penalidades. Sostuvo que la deuda estaba vencida, era líquida y exigible, por lo que, solicitó que decretara el embargo preventivo de los bienes de los deudores y que se condenara a los demandados a sufragar solidariamente las cuantías reclamadas.

Transcurridos varios trámites que son inmeritorios reseñar, el 26 de julio de 2023, notificada el 1 de agosto del mismo año, el foro primario emitió Sentencia.3 Mediante esta, el foro a quo dictó sentencia en rebeldía declarando Ha Lugar la demanda instada por el Consejo de Titulares. En consecuencia, condenó al Sr. Morales Ramírez al pago de la suma de $93,819.21, más intereses

2 Apéndice recurso, págs. 1-32. 3 Íd, págs. 42-43.

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del tipo legal sobre dicha cantidad, contados a partir de la fecha de la radicación de la demanda hasta su completo pago. En cuanto a Lion Crest, el foro primario expresó lo siguiente:

Por último, examinados los autos, surge que a esta fecha ha transcurrido el término de 120 días dispuesto por la Regla 4.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico sin que se haya acreditado el diligenciamiento de los emplazamientos por la parte demandante a los demandados Lion Crest Investments, LLC. Ante esta realidad, el Tribunal carece de jurisdicción en cuanto a esta, por lo que se desestima, sin perjuicio dicha reclamación, toda vez que no tenemos discreción para prorrogar el término para emplazar a base de lo resuelto en Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).

Posteriormente, el 10 de agosto de 2023, notificada el 15 del mismo mes y año, el foro primario emitió Sentencia Enmendada,4 a los fines de incluir a Lion Crest en los efectos de la sentencia. En consecuencia, se le anotó la rebeldía al Peticionario y condenó a los codemandados a sufragar solidariamente la cantidad de $93,819.21 al Consejo de Titulares. En vista de que una de las partes codemandadas se le había anotado la rebeldía, el 15 de agosto de 2023, la Secretaría del foro primario emitió Notificación de Sentencia por Edicto por SUMAC. Posteriormente, el 28 de agosto de 2023, el Consejo de Titulares presentó Moción Informativa en Torno a Publicación de Edicto. Mediante esta, informó que el 24 de agosto de 2023 se publicó el edicto.5

En desacuerdo con la Sentencia Enmendada, el 6 de octubre de 2023, el Peticionario presentó Moción de Relevo de Sentencia,6 al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.49.2. En síntesis, el Peticionario adujo que a la fecha de la presentación de la demanda ya no era titular del apartamento en controversia, toda vez que había perdido su título

4 Íd, págs. 46-47. 5 Íd, págs. 48-53. 6 Íd, págs. 54-80.

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producto de una demanda de ejecución de hipoteca. Sostuvo que no adeuda las cuantías reclamadas por el Consejo de Titulares, puesto que una porción sustancial de la deuda es cosa juzgada y la porción restante es de la exclusiva responsabilidad del dueño actual de la propiedad, Lion Crest.

En respuesta, el 30 de octubre de 2023, el Consejo de Titulares presentó Oposición a “Moción de Relevo de Sentencia”.7 Por virtud de esta, señaló que no procedía la solicitud puesto que el Peticionario no había demostrado ni fundamentado en cuál de las causales enumeradas en la Regla se amparaba su derecho al relevo de sentencia. Sostuvo que, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 1923e, el Peticionario era responsable por las sumas de cuotas de mantenimiento atrasadas, hasta el momento que traspasó la propiedad a Lion Crest.

Evaluados los argumentos ponderados por las partes, el 31 de octubre de 2023, el foro primario emitió y notificó la Resolución recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia.8

Inconforme con tal determinación, el 30 de noviembre de 2023, el Sr. Morales Ramírez acudió ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la doctrina de cosa juzgada y no permitir en los méritos las defensas del apelante.

El 6 de diciembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en la que le concedió un término de treinta (30) días a la parte

7 Íd, págs. 81-88. 8 Íd, pág. 89.

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Recurrida para que presentara su oposición al recurso. En cumplimiento con lo ordenado, el 18 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares presentó Alegato en Oposición a Apelación y/o Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante nuestra consideración.

II. A. Certiorari

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 (2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023); 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 712-713.

B. Relevo de Sentencia

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2, dispone que una parte puede solicitar que el tribunal la releve de los efectos de una sentencia. Lo anterior, procederá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad de la sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.

Este mecanismo post sentencia, tiene el propósito de proveer un justo balance entre dos intereses conflictivos de

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nuestro ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el principio de que todo caso se resuelva justamente, mientras que por otro lado se encuentra el interés de que los litigios concluyan.” HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689 (2020), citando a García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). Por ello, el Tribunal Supremo ha reiterado que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia”. HRS Erase v. CMT, supra, citando Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 (1966).

Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen la discreción de sopesar estos factores y determinar si procede relevar a una parte de los efectos de una sentencia. Íd, citando a Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Además, el promovente de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tales normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. HRS Erase v. CMT, supra, citando Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). Sin embargo, la consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los recursos de reconsideración y apelación. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

Sobre ello, nuestro máximo foro ha resuelto lo siguiente:

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[…] una interpretación liberal de la regla permite que se considere una moción de reconsideración como una de relevo de sentencia. Esto aunque haya transcurrido el término para considerar la reconsideración o aun después de que haya advenido final y firme la sentencia, siempre y cuando la referida moción cumpla estrictamente con los requisitos establecidos en dicha regla. Es decir, una moción de reconsideración que aduzca los fundamentos subsumidos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, puede ser considerada como una moción de relevo de sentencia, aun si es presentada después de los quince días. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541.

De otro lado, si una parte solicita el relevo de sentencia al amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el foro primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado”. HRS Erase v. CMT, supra, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-544. “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por inexistente, por lo que no surte efecto alguno”. López García v. López García, 200 DPR 50, 62 (2018). “[A]nte la certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo de seis (6) meses”. HRS Erase v. CMT, supra, citando a Montañez v. Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). Así, que la parte promovente no está limitada por el término de seis (6) meses dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Sobre ello, nuestro máximo foro ha expresado lo siguiente:

El esquema amplio y abarcador de remedios que provee la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de esta acción independiente a los casos en que ha transcurrido el término fatal de seis meses y las circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda razonablemente concluir que mantener la sentencia constituiría una grave injusticia contra una parte que no ha sido negligente en el trámite de su caso y que, además, tiene una buena defensa en los méritos. (Énfasis

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nuestro). Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979).

De igual modo, se considera que una sentencia es nula cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido proceso de ley de alguna de las partes. HRS Erase v. CMT, supra, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543. Cuando se alega que la nulidad de la sentencia por alguna violación al debido proceso de ley, el profesor Rafael Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento del debido proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden haber tantas manifestaciones del mismo como principios del debido proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en especial”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, sec. 4807, pág. 408. Así que, se ha resuelto que la ausencia de una parte indispensable es una violación al debido proceso de ley que conlleva obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase v. CMT, supra, citando a García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 551.

C. Artículo 60 de la Ley de Condominios

La Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 1921 et seq., (“Ley de Condominios”), gobierna el régimen de propiedad horizontal, irrespectivo de la fecha en que fuera sometido a dicho régimen. Artículo 76 de la Ley de Condominios, supra. El régimen de propiedad horizontal tiene como finalidad las siguientes: (1) proveer a las personas la posibilidad de disfrutar el derecho a la propiedad plena e individual de un inmueble, y (2) maximizar el uso escaso de terreno disponible en el país. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210 DPR 403 (2022). De esta forma, la propiedad

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plena e individual coexiste con otros dueños mientras comparten áreas comunes para el disfrute de todas y todos sus integrantes. Íd., citando a Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 DPR 244 (2015). En cuanto a pago de las cuotas de mantenimiento, estas “constituye[n] un elemento fundamental para el sostenimiento de la vida en comunidad y para lograr el disfrute pleno y la coexistencia”. Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, supra, pág. 415. A esos fines, la propia Ley de Condominios, supra, viabiliza mecanismos sumarios para facilitar el cobro en concepto de cuotas adeudadas por los condómines. Sobre ello, nuestro Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:

La naturaleza sumaria de estos mecanismos está respaldada por la importancia del mantenimiento del régimen. Entre ellas: (1) la preferencia del crédito a favor de Consejo de Titulares; (2) la creación de un gravamen sobre el apartamento, y (3) la responsabilidad solidaria de aquel adquirente voluntario. (Énfasis nuestro). (Citas omitidas). Íd.

Con respecto a este último mecanismo, el Art. 60 de la referida Ley de Condominios, supra, dispone lo siguiente:

La obligación del titular de un apartamento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamento. Por lo tanto, luego de la primera venta, el adquirente voluntario de un apartamento será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con el Artículo 59, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. Un adquirente involuntario será responsable solamente de las deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas durante los seis (6) meses anteriores al momento de adquirir la propiedad excepto las partidas correspondientes a penalidades por atrasos o mora, derramas, intereses y sanciones atribuibles al titular, incluirá el balance corriente que se acumule desde la adquisición de dicho inmueble por parte del adquiriente involuntario. […]. (Énfasis y subrayado nuestro). 31 LPRA sec. 1923e.

La precitada disposición establece que un adquirente voluntario de un apartamento que ha sido sometido al régimen

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de propiedad horizontal es solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que este último adeude hasta el momento de la transmisión del inmueble.

III.

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos presentados por ambas partes, acogemos la solicitud de la parte aquí Peticionaria como una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, luego de una revisión del expediente del caso de epígrafe, resolvemos que no se han producido las circunstancias que exijan nuestra intervención. Al amparo de los criterios que guían nuestra discreción no intervendremos en la determinación recurrida. En ausencia de abuso de discreción, este foro no debe intervenir con las determinaciones del foro primario. La parte Peticionaria no ha demostrado que el foro de instancia se excedió en el ejercicio de su discreción, ni que erró en la interpretación del derecho. Tampoco constató que el abstenernos de interferir en la determinación recurrida constituiría un fracaso irremediable de la justicia, ni que la sentencia emitida por el foro primario ameritara nuestra intervención. Por tanto, procede que se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

IV.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del auto de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS Secretaria del Tribunal de Apelaciones